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Personal médico forense de la CDHDF colabora con equipo argentino en identificación de restos hallados en Iguala

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió al Estado de Guerrero, desde el pasado tres de octubre, personal médico forense de la Institución, que acompaña al Equipo Argentino de Antropología Forense para identificar los restos humanos encontrados en las cercanías de Iguala, en aquel estado.

El área médico forense de la CDHDF contribuirá a que se apliquen de manera irrestricta los protocolos científicos a fin de que se ajusten a la práctica de los estándares internacionales existentes en la materia.

Todo ello, atendiendo al mandato legal y consciente que existe la obligación de esclarecer estas graves violaciones a derechos humanos, bajo los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, exhaustividad y participación de los familiares de las víctimas fatales.

La experiencia forense del cuerpo médico de la CDHDF, en la investigación y documentación de violaciones graves a derechos humanos, ha trascendido de forma tal que la Comisión de la Verdad de Guerrero, ha solicitado en otras ocasiones el apoyo para la búsqueda, exhumación e identificación de osamentas inhumadas hace casi 40 años.

La CDHDF condena enérgicamente los hechos en que 43 jóvenes, de entre 15 y 25 años de edad, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, actualmente se identifican como presuntamente no localizados o desparecidos, así como los estudiantes heridos, en este momento internados en hospitales.

De acuerdo con información de conocimiento público, el 26 de septiembre de 2014, en el contexto de presuntas acciones de protesta estudiantil habrían intervenido, con un presunto uso ilegal de la fuerza, agentes policiales del municipio de Iguala, Estado de Guerrero, para que posteriormente un supuesto grupo armado atacara a los estudiantes y demás personas que se encontraba en el lugar mientras viajaban en autobús; para luego hacer bajar a aproximadamente 20 o 25 de ellos y llevárselos detenidos, sin que hasta ahora las autoridades hayan proporcionado información sobre su paradero.

La información indica que, cuando otros de los estudiantes empezaban a denunciar los hechos ante los medios de comunicación que llegaban al lugar, llegó una camioneta de personas armadas quienes, igualmente dispararon contra los jóvenes, provocando la muerte de dos de ellos en el momento. Otro estudiante fue encontrado sin vida y con huellas de actos brutales de presunta tortura. En total 43 jóvenes actualmente se identifican como presuntamente no localizados o desparecidos, en tanto otros alumnos heridos permanecen internados en hospitales.

El Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demanda que todas las autoridades, en ámbito de nuestra competencia, estamos en la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia se deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con estos hechos.

La CDHDF, ante la gravedad y magnitud de estos hechos violentos, de manera respetuosa se pronuncia para que tanto las autoridades del Estado de Guerrero como las autoridades federales, atendiendo a su ámbito de competencia; lleven a cabo la investigación con debida diligencia, para esclarecerlos judicialmente y con el último propósito de juzgar y sancionar a las personas responsables.

Asimismo, esta Comisión urge a dichas autoridades a adoptar sin dilación las medidas para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; tanto de estudiantes desaparecidos como de los heridos, así como las relativas a garantizar los derechos de los familiares de las víctimas.

En la adopción de estas medidas, se debe tomar en cuenta la obligación de tratar a las víctimas con respeto a su dignidad y autonomía, accionando al máximo todos los recursos y mecanismos institucionales que garanticen de manera efectiva su derecho al acceso a la justicia y a una pronta reparación integral del daño.

De igual manera, atendiendo la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, se adopten sin dilación las medidas razonables para proporcionar apoyo y protección a las y los defensores de derechos humanos que brindan acompañamiento y representación legal a las víctimas.

La CDHDF a su vez recuerda que la obligación estatal de garantizar los derechos humanos, implica que la realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como en el presente caso, los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida. Lo anterior, aplica tanto para los agentes a los que se les atribuye la violación, como a los particulares que hayan participado en dichos hechos.

El presente caso, en el marco de un Estado democrático de derecho, representa un reto para nuestras instituciones, por lo que ésta Comisión reitera su compromiso de seguir trabajando y contribuyendo, en el límite de su mandato, para que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir y, sobre todo, para que se garantice a las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos su derecho a la verdad como resultado de un verdadero acceso a la justicia, que conlleve a la sanción de los responsables y a la reparación del daño ocasionado.

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