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Verdades inconfesables

Tras los eventos ocurridos en Tláhuac, en realidad no importa más, a través de qué lenguaje lo quiera o sienta que lo puede o debe matizar el gobierno capitalino pues el hecho, ha quedado bastante claro, la Ciudad de México es presa de la “narcopolítica”.

Y es que este término, de cuño básicamente latinoamericano (tristemente), en nuestro país, es rehuido como si se tratase de un tabú, una verdad inconfesable. Todo, porque nadie lo quiere aceptar. Es una capitulación que nadie quiere realizar de frente a la sociedad, a pesar de su innegable evidencia. Sin embargo y lo sabemos, es un secreto a voces que en México, las economías del narco y las economías del sistema político, tienen empalmes, se confunden y se sirven la una a la otra, en una simbiosis cancerosa que carcome y perfora la estructura social y sus tejidos.

Todos niegan este fenómeno. El discurso político de legisladores y funcionarios públicos de todos los niveles, no se atreve a tocar estas áreas pero no por ello, las mismas desaparecen.

Las escenas vividas en la Ciudad de México esta semana anterior, revelan claramente que la infiltración del narco en las instituciones, es de una gran profundidad.

Las redes del narco en su versión de narcomenudeo, se extienden al grado de que es la propia población, coptada por la delincuencia, la que busca impedir la aplicación de la ley. La zona de Tepito y la colonia Guerrero eran antes focos de la actividad criminal. Actualmente, lo son Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y en realidad, cualquier demarcación que se escoja o llegue a pensar.

El problema, radica quizá en que la infiltración criminal mencionada, ha sido normalizada y asimilada. Por un lado, por los políticos que se benefician de ella a través de apoyos económicos y electorales, pero también, por una población que sucumbe ante el pago de derechos de piso, cuotas, y otras vertientes de extorsión institucionalizada a través de la tolerancia y sobre todo, la complicidad de las autoridades de todo orden y nivel. Población que no distingue ya entre criminales y autoridades salvo porque a veces, no siempre, unos traen identificaciones oficiales y otros, no. Hemos aprendido a vivir con la enfermedad.

La situación de violencia que impera en Guerrero por la producción y tráfico de drogas, pero que también es visible en Guanajuato, Baja California Sur, Michoacán, Tamaulipas, Tabasco y ahora en la Ciudad de México, no puede dejar de llamar la atención de todos, debe asustarnos pero sobre todo, debe llamarnos a la acción organizada de forma inmediata y exigir destituciones igualmente inmediatas.

No es creíble bajo supuesto alguno, que las autoridades de Tláhuac no supiesen lo que ocurría pero si se beneficiaran de ello, no es posible que cuarenta y tres jóvenes hayan desaparecido sin dejar rastro alguno, como tampoco lo es que ahora, los ciudadanos debamos, tener fe en lo que las fiscalías hagan en cumplimiento de sus facultades para agarrar a los corruptos y someterlos a los procesos legales correspondientes, mientras existen “chapodiputadas”, narcodiputados, narcosenadores, ediles, … Como lo sabemos todos.

La verdad, es que este país es el país del revés. Un país en el que por ejemplo, se crean empresas ex profeso, para adjudicar contratos en materia de inteligencia y seguridad nacional de modo fraudulento, a sociedades sin experiencia, vamos, sin real existencia. La compenetración entre las instituciones y la criminalidad es pasmosa.

Lo cierto, es que hay una serie de verdades inconfesables que los implican a todos, sin importar su color o pretendida ideología, su región, su localidad. Nadie se atreve a lanzar la primera piedra porque atacar en serio en ese punto al adversario, implica la posibilidad misma de ser atacado por el mismo flanco y salir verdaderamente herido. Por ello, se insinúan y se implican las acusaciones y señalamientos, más con una intención de hacer un daño político y mediático, que con una voluntad realmente puesta en llegar hasta el fondo y limpiar la casa como se debe, encarcelando y despojando de los bienes ilegalmente habidos, a los responsables.

El problema, querido lector, es que no basta con saberlo, reconocerlo y lamentarse por ello o reclamarlo airadamente en las redes sociales. Es importante aprender a decir “NO MÁS” porque la opción de no hacerlo no me parece siquiera que sea tal. Como vamos, estamos en realidad atrapados en una estrepitosa carrera al absurdo. No podemos seguir permitiendo que se vendan ante nosotros y se presenten inmaculados o ajenos a lo que ocurre y mucho menos, que pretendan transferir la responsabilidad, exclusivamente a las instituciones policiales y judiciales como suelen hacerlo.

De modo, que piense y escuche, observe y sobre todo, analice con responsabilidad y altura de miras los productos políticos que le intentarán vender por todos los medios posibles, habidos y por haber. Compare precios, costos, escenarios, actores y “liderazgos”. Porque Usted y yo sabemos, que no porque las verdades sean inconfesables, dejan de ser verdades.

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Tristemente cierto, una red

Tristemente cierto, una red tejida por el gobierno, que más allá de salvaguardarnos nos asfixia. Gran artículo.

 
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Aprecio sus palabras amable

Aprecio sus palabras amable Lector(a). No callemos!

 

Mtro. Marcos Joel Perea Arellano

Abogado por el ITAM (Summa Cum Laude; 2001). Egresado del Colegio Alemán Alexander von Humboldt.

Diplomado en Parlamentos, Democracia e Integración, por la Organización de Estados Americanos (OEA), el ITAM, State University of New York y el Parlamento Centroamericano.

Mtro. en Ciencia Política por The University of Birmingham, Inglaterra (Becario de excelencia del Gobierno Británico bajo el esquema British Council Chevening Scholarships del 2002 al 2003 énfasis en políticas públicas sociales, diseño institucional, análisis político, teoría democrática, teorías de justicia e historia de las ideas).

Colaboró en la Secretaría de la Función Pública federal como Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2007-2008); Director de Responsabilidades Zona Norte en la Secretaría de Educación Pública (2008-2009); Titular del Área de Quejas en la Secretaría de Educación Pública (2009-2010) y Titular de las Áreas de Responsabilidades y Quejas en el Instituto Mexicano del Petróleo (2010-2012).

Actividades Académicas. Ha impartido cátedra de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el ITAM de derecho empresarial a nivel licenciatura. A nivel Posgrado, ha impartido el módulo de Procedimiento de Responsabilidades Administrativas en el Diplomado respectivo, tema respecto del cual, realiza investigación independiente y ha sido ponente en diversos foros federales y locales a invitación de instituciones públicas y privadas. Desde enero de 2015 es catedrático en la Universidad Anáhuac (Campus México Sur) de la asignatura de Evolución de los Sistemas Jurídicos.

Actualmente, es asesor jurídico-político del Consejero Electoral Lezama Barreda en el Instituto Electoral del D.F.; abogado litigante y consultor en derecho administrativo disciplinario, estrategias digitales de candidatos y vinculación ciudadana.

Síguelo en Twitter:@MJPereaA