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Denunciará penalmente Romo a exfuncionarios panistas

La Contraloría General del Distrito Federal inhabilitó a cuatro ex funcionarios de la administración panista en la Delegación Miguel Hidalgo que encabezó Alfredo Vinalay.

Mediante el expediente CI/MHI/D/0120/2012 se notificó la inhabilitación por dos años del Director General de Administración, Luis Barajas Medina; Fernando Zepeda Zepeda, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Arnulfo Aurioles  Gamboa, ex Director General de Desarrollo Delegacional  y de Eustaquio Trejo Álvarez, ex Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

Estos exfuncionarios panistas avalaron la contratación de una supervisión a la empresa TAO, para supuestamente auditar obra pública durante la administración de Gabriela Cuevas, lo que derivó en su inhabilitación.

Esto obedece a que no se realizó de manera satisfactoria la entrega del trabajo ni se localizaron los oficios donde se aceptaba de conformidad la presunta supervisión de obra contratada.

La ilegalidad del contrato reside en que toda obra pública tiene que ser supervisada desde que es contratada, por lo que hacer una recontratación para volverla a supervisar acusa una duplicidad innecesaria.

La siguiente administración a cargo del también panista Demetrio Sodi, realizó un pago parcial a la empresa TAO por más de tres millones de pesos, dejando un adeudo de más de 7 millones de pesos.

Por este adeudo, TAO inició una acción judicial contra la delegación Miguel Hidalgo a la llegada del perredista Víctor Hugo Romo, lo que llevó a una resolución que  lo obligaba a pagar el total del adeudo con intereses.

La negativa de Romo a solventar de inmediato el pago de dicho adeudo derivado de un contrato sin sustento, el cual ya había sido considerado ilegal por la Contraloría General, del DF, provocó que el Poder Judicial haya girado un arresto administrativo contra el actual jefe delegacional en Miguel Hidalgo.

Sin embargo, en relación a esta orden de arresto, le fue concedida a Víctor Romo la suspensión vía amparo.

Romo declaró que “se niega a ser cómplice de un daño al erario” y anunció que interpondrá una denuncia penal contra los funcionarios panistas que hicieron la contratación incomprensible de supervisión de obra, a quienes acusará de daño patrimonial y daño al erario más los delitos que resulten.

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