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Sistema electoral del DF no garantiza honorabilidad de candidatos: Santillán

Eduardo Santillán Pérez (Archivo).

El sistema electoral en la Ciudad de México no garantiza la honorabilidad de los candidatos a puestos de elección popular y, en consecuencia, tampoco la de los titulares que dirigen las instituciones de gobierno, aseguró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la ciudad de México de la ALDF, Eduardo Santillán Pérez.

Por ello, anunció durante el foro “Política y Crimen Organizado”, que este jueves presentará ante el Pleno de la ALDF una iniciativa de reformas a diversas leyes, con el propósito de establecer mecanismos de control institucional, como exámenes de control de confianza, declaración patrimonial abierta, antidoping, prueba del polígrafo, la visita socioeconómica domiciliaria y presenten certificado de antecedentes no penales.

El objetivo, precisó Santillán Pérez, es transparentar la actuación de los servidores públicos de organismos autónomos, secretarios de despacho, jefes delegacionales, magistrados de los tribunales, legisladores y funcionarios que tomen protesta ante el Pleno, para luego ir ampliándolo a directores generales.

Respecto a las pruebas de control de confianza, dijo, actualmente las realiza el Sistema Nacional de Seguridad, pero sólo se las requieren al secretario de Gobierno, el Procurador capitalino y al titular de la SSP-DF, por lo que la propuesta de reforma contempla que se incluyan a los cerca de 200 servidores públicos de la Ciudad de México.

Al referirse a la declaración patrimonial, mencionó el perredista, es necesario que ésta se haga en versión pública; es decir, debe abrirse al escrutinio público conservando los datos personales, porque actualmente los candidatos a puestos de elección popular la entregan al IEDF, pero en sobre cerrado, y que ese organismo no tiene facultades ni de abrir el sobre y mucho menos de hacerla pública.

Ante ello, el legislador del PRD enfatizó que dichas acciones servirán como un mecanismo de control, para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información y pueda enterarse si los titulares de las instituciones consumen alguna sustancia, respecto a qué bienes tienen o si cuentan con antecedentes penales y, al mismo tiempo, dichas acciones serán un mecanismo preventivo para evitar infiltración del crimen organizado.

Asimismo, indicó que luego de los acontecimientos en Iguala, Guerrero, en la Ciudad de México, “estamos obligados moral e históricamente”, a tomar las medidas preventivas desde la clase política para evitar riesgos, porque de no hacerlo deteriorarán más a la propia clase política y las instituciones.

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