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El nuevo sistema electoral

Los cambios en las leyes obedecen a dos tipos de escenarios: el político y el jurídico. Nos referimos a adaptar el texto de la Ley a la realidad social para atender diversas situaciones o resolver algún problema. Estas reformas se llevan a cabo en todos los Estados de derecho democráticos.

En el México contémporaneo se han realizado diversas reformas electorales en 1963, 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 2007. De estas la más importante fue la de 1989 que dio origen al Instituto Federal Electoral.

En este contexto, la Reforma Constitucional Electoral del 10 de febrero de este año, no sólo consiste en la desaparición del IFE y la creación de una nueva institución. Comprende además diversos cambios en aspectos que incidirán en la vida de México y que suponen superar algunos paradigmas.

El nuevo marco jurídico rompió con el principio de “sufragio efectivo, no reelección” bajo el cual se rigió la vida del país durante casi los últimos cien años. En algún otro momento de nuestra historia el planteamiento de la idea de una reeleción hubiera sido calificada al menos como peligrosa, pues debemos recordar que el sistema político del siglo pasado se edificó sobre la idea de la revolución contra Porfirio Díaz que significaba la perpetuación en el poder. De ahí que no deja de sorprender que la reforma disponga que los senadores podrán ser reelectos hasta por dos periodos seguidos y los diputados al Congreso de la Unión hasta en cuatro ocasiones consecutivas, al igual que sus pares en los Estados y se incluye a los presidentes municipales. Esto debe suponer que el legislador o presidente municipal, deberá esforzarse por hacer mejor su labor ya que en este caso el voto no tiene como caracter preponderante el partido postulante sino la evaluación concreta que haga el ciudadano.

Otro aspecto muy importante es que se establece que el presidente que sea electo en 2018 tendrá la posibilidad de gobernar en alianza con otras fuerzas políticas, estableciendo un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso.

Lo anterior es importante. Recordemos que desde las elecciones intermedias de 1997 a la fecha, no ha existido ninguna fuerza política que haya alcanzado una mayoría que le permita ejercer acciones de gobierno por sí misma. De esta forma, la reforma permitirá la construcción de mayorías a través de la opción del Ejecutivo de optar por un gobierno de coalición, lo que además de ampliar márgenes de consenso y gobernabilidad, otorga elementos para mantener un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Esta reforma dio por concluida una de las etapas más importantes de la vida democrática del país. El Instituto Federal Electoral alcanzó etapas muy brillantes durante la presidencia de José Woldenberg en la cual gozó del reconocimiento de la sociedad y de las diversas fuerzas políticas por su labor acertada y transparente en la organización de las elecciones. Hubo otras periodos en los que la credibilidad de ese Instituto fue puesta en duda, lo que condujo a su desaparición.

La misión del Instituto Nacional Electoral (INE) será organizar los procesos electorales federales. Su consejo se compone de 11 ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los 10 restantes como Consejeros.

El INE tiene nuevas facultades. Entre las más relevantes se encuentran:

• Facultad de atracción de los comicios locales.

• La designación de los Consejeros de los Organos Político Electorales Locales, que substituyen a los Institutos Electorales Locales.

• Organizar las elecciones de dirigentes de los Partidos Políticos a solicitud del propio partido. A este respecto cabe mencionar que recientemente el INE ha dado respuesta favorable al PRD para organizar sus elecciones internas.

• Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión.

• Observar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares, desarrollará las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados.

• Llevar a acabo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos a nivel federal y local en forma expedita.

El segundo paso a la reforma constitucional fue la expedición y reformas de las leyes secundarias que habrán de complementar el marco jurídico electoral y son: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como reformas a las leyes del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos.

El tercer y último escalón para que la reforma esté completa es la adecuación de las leyes locales a la Reforma Constitucional y leyes secundarias, ya que en caso de no hacerlo estaríamos ante una contradicción entre las nuevas dispocisiones y las leyes locales provocando así una infinidad de impugnaciones para los próximos comicios de 2015. La Constitución prohíbe que se reformen leyes electorales en los 90 días previos al inicio de un proceso, por ello las legislaturas locales deben hacer las adecuaciones correspondientes a más tardar el 30 de junio. Caso especial en el que el tiempo apremia aún mas es el del Distrito Federal, donde previo a que la Asamblea Legislativa realice las correspondientes adecuaciones a la norma electoral se requieren reformas al Estatuto de Gobierno correspondiendo esto al legislativo federal.

Las múltiples reformas electorales que han habido demuestran que el camino hacia un estado democrático es arduo y que aún falta mucho por recorrer. Esta reforma marca una nueva etapa en la vida electoral de México, es muy importante darle seguimiento, estudiarla a fondo, estar muy atentos a su aplicación irrestricta por las autoridades y evaluar si sirvió como respuesta a lo que el país requería. Tengamos memoria y ejerzamos nuestros derechos.

¡Hasta la próxima!.

Twitter jaime63c@gmail.com

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.