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México, mal lugar para ser niño; el caso de Mamá Rosa

La Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada por México en 1990. Al hacer esto, el gobierno mexicano quedó obligado a adoptar todas las medidas posibles para dar efectividad a los derechos ahí reconocidos a los niños, niñas, y adolescentes en el país
Contrario a la percepción que coloca al país en los primeros lugares mundiales con infancia feliz, diversos estudios, estadísticas y noticias resaltan una realidad abrumadora y preocupante: México es un mal lugar para ser niño.

Según datos del INEGI, en el país hay más de 39 millones de niñas, niños, y adolescentes (es decir, desde el nacimiento hasta los 17 años). De ellos más de 18 millones viven en situación de pobreza, y entre éstos, hay más de 5 millones en pobreza extrema.

Por otro lado, hay una enorme cantidad de niños que fallecen anualmente por causas evitables: 8 mil fallecen por accidentes y violencia; más de 4,200 por enfermedades respiratorias; 3,500 mueren por enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que 1,500 fallecen por enfermedades nutricionales y metabólicas. La Red por los Derechos de la Infancia en México aporta que una de las consecuencias del combate al narcotráfico ha sido el fallecimiento de 1,226 niños y niñas en fuego cruzado y ataques directos.

Más de 3 millones de menores de entre 5 y 17 años realizan actividades laborales y poco menos de la mitad no perciben ninguna remuneración. Aproximadamente 200,000 de estos niños de 5 a 14 años que laboran tienen jornadas de más de 34 horas a la semana, el 24% no tienen un horario regular de trabajo, y 1.6% trabajan en lugares no apropiados o no permitidos. El 11% de los niños están expuestos a riesgos en su trabajo y 2% ya tuvo un accidente, lesión o enfermedad que requirió atención médica.

Según datos de la OMS, un 20% de las mujeres y un 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Del 25 al 50% de los niños de ambos sexos reportan maltratos físicos.

El caso de la Casa Hogar “La Gran Familia” y su fundadora y directora “Mamá Rosa” es grave pero sólo es una muestra de una situación mucho más preocupante.

Desde 1947 (hace 67 años) Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como “Mamá Rosa” comenzó a pedir ayuda para infantes abandonados o en pobreza extrema. El albergue de Michoacán operado por “Mamá Rosa” se fundó en 1954 pero hasta 1973 se convirtió en Asociación Civil, denominándole “La gran familia”. El orfanato cuenta con dos edificios, aulas escolares, granja de animales y un taller de oficios.

En los aspectos positivos, Rosa del Carmen logró que la SEP reconociera los estudios que se impartían en la casa hogar; el INBA y el Consejo Nacional de Cultura apoyaron la escuela de música que era la principal materia que ahí se impartía. De esta escuela salieron grupos que viajaron por toda la República y tocaron ante ex presidentes, senadores, activistas, periodistas, escritores e intelectuales, poetas y músicos renombrados que a lo largo de décadas visitaron la casa hogar.

“Mamá Rosa” conseguía comida que sobraba en restaurantes y donaciones de supermercados, es decir, ante la falta aparente de recursos la alimentación era de segunda o tercera clase.

La Gran Familia arrojó casos que son reflejo de la niñez en el país: abusos sexuales, condiciones infrahumanas de vida, niños hacinados debiendo habitar con sus propias heces dentro del cuarto, durmiendo en el suelo , maltrato, corrupción, entre otros.

El testimonio de la activista contra la trata de niños, María Ampudia, es revelador; “Cuando yo llegué, la comida descompuesta pegada en el suelo con cucarachas, la cocina un asco, una bodega con comida podrida, otra con cobijas y zapatos nuevos cuando los niños usaban cobijas orinadas y con piojos, 21 niños en una habitación, un agujero por donde se escapan los niños… Como el peor de los reclusorios, cero dignidad”, explicó.

Una mujer que vivió allí por 10 años dio testimonio de que los abusos no sólo eran perpetrados por los empleados del lugar sino también por su directora “Mamá Rosa” quien la obligaba a tener sexo oral con ella y a cambio la trataba mejor.

Seis de los empleados del albergue fueron consignados. Entre los delitos que se les acusa están delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y trata de personas con fines de mendicidad forzosa y trabajo o servicios forzados. “Mamá Rosa”, sin embargo, fue liberada dado su estado y edad.

De los más de 500 niños ahí encontrados, muchos fueron enviados por el DIF estatal, la alcaldía de Zamora y la Procuraduría de Justicia del Estado, que recurrieron a Mamá Rosa para entregarle a niños y jóvenes huérfanos por el narcotráfico, o rescatados de familias que les violaban, les golpeaban, explotaban o simplemente les abandonaron en las calles.

Esto empeora la situación. Ya es de por sí reprobable que el Estado incumpla con su labor de
garantizar los derechos de la niñez, pero resulta inaudito que lejos de ello se haya apoyado en este albergue sin verificar rigurosamente las condiciones de trato, instalaciones, alimentación y la salud.

Este caso y las estadísticas mencionadas, reflejan que el Estado Mexicano tiene un gran déficit en la atención a la infancia. En el ojo del huracán se encuentra “Mamá Rosa”. Mas con la intención de llegar a fondo en el caso, preciso preguntarse ¿dónde están todos aquellos que a lo largo de décadas delegaron su responsabilidad de proteger y prevenir el abuso y abandono de niñas, niños y adolescentes conforme a nuestra Constitución, leyes y tratados internacionales?

“Mamá Rosa” divide opiniones, hay personas de reconocida solvencia moral e intelectual cuyo testimonio es favorable a ella, los más son negativos ahora, pero la anciana no es el problema, el verdadero responsable de la niñez es el Estado Mexicano.

“Yo estuve y obviamente no era el paraíso, porque no había los recursos, pero si el mismo gobierno la apoyaba, ¿porqué ahora la quieren lapidar? ¿Se volvió perversa a los 80 años? ¿O es que ahora ya está débil y enferma y tienen que intervenir su legado?”, dijo José, uno de los Hijos de Mamá Rosa en entrevista.

El problema de la infancia se hace aún más complejo, ya que se liga a otras situaciones como el trabajo infantil en los campos de marihuana, redes del narcotráfico, corrupción, pobreza extrema, salud y violencia intrafamiliar, todos ellos vinculados a deficiencias del Estado.
El caso de “La Gran Familia” es una muestra horrenda pero contundente de la situación de la infancia en México. Y como ese lugar, es probable que haya cientos, eso sin contar a los niños en situación de calle.

Desde luego habrá que seguir el caso a efecto de que la autoridad investigue a fondo, pero eso no resolverá la situación. Recordemos que las niñas y niños de hoy son las mujeres y hombres de mañana. ¿Qué clase de futuro estamos forjando? Es un problema de Estado que requiere la intervención decidida de las autoridades, la participación activa de la sociedad civil y la atención a diversos problemas multidisciplinarios. La tarea es monumental, y aunque ardua y difícil, es imprescindible.

¡Hasta la próxima!
Twitter: @jaime63c

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Es muy claro el endemico

Es muy claro el endemico estado en el que se desempeñan las autoridades, LA MENTIRA, para cubrir sus deficiencias, su incapacidad y peor aun, su complicidad

 

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.