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¿Las reformas mueven a México?

“Es más fácil hacer leyes que gobernar”

León Tolstoi

Suponga que usted o yo abrimos una cuenta de ahorro en el banco y depositamos mil pesos. Al llegar a casa reúne a la familia y les comenta que el retiro para su vejez está asegurado. Le indicarán que para lograr la estabilidad económica en la tercera edad será necesario que a lo largo de su vida se esfuerce y tome una serie de medidas de disciplina, gasto organizado, definición de prioridades, mucho trabajo y planeación.

O si en algún lugar alguien le ofreciera en venta un libro cuya rasgo principal fuera que al finalizar su lectura en automático, sin hacer mayor esfuerzo ni acción, usted sería exitoso ¿Lo creerían? Seguramente no. No daríamos un peso por ese libro porque sabríamos que es un engaño, una estafa.

Sin duda, al igual que la apertura de la cuenta de ahorro o el libro de atajos, sabemos que aprobar tal o cual reforma a la ley no resuelve por sí misma los problemas que nos aquejan como nación.

La Constitución es el ordenamiento supremo de la Republica, pero en sus 136 artículos no hay recetas mágicas que conduzcan al desarrollo del país. La revisión, incorporación y mejora del texto constitucional es indispensable para iniciar el camino, pero la ley no es ni puede ser la solución misma.

Es importante que dejemos la pretensión de que las reformas nos llevarán a algún lado por el simple hecho de haberlas aprobado. Esto es falso. Es sólo el inicio de un camino que no se ha empezado a recorrer.

Desde su promulgación, la Constitución se ha reformado más de 550 veces. Si las reformas en sí mismas fueran la solución seríamos una nación altamente desarrollada. Si éste criterio fuese fundando, los Estados Unidos serían un país con bajo desarrollo, su Constitución ha tenido 27 enmiendas. El punto es que, muchas o pocas reformas, estas son solo un primer paso, no son soluciones sino medios.

En lo que va de este sexenio se han aprobado nueve reformas: 1.Energética; 2. Telecomunicaciones; 3. Competencia Económica; 4. Financiera; 5. Hacendaria; 6. Laboral; 7. Educativa; 8. Política - Electoral; y 9. Transparencia. Además de la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los procesos legislativos para llegar a algunas de las reformas, fueron arduos e incluso al límite. Se toma como meritorio que se aprueben las reformas tras más de 20 horas de sesión en las que los diputados o senadores no duermen o están muy cansados. Yo creo que ante la magnitud e importancia de las reformas, al momento de discutirlas o votarlas, los legisladores deberían estar en las mejores condiciones físicas y mentales posibles. Estoy convencido de que su actuación sería más eficaz.

La planeación de la agenda legislativa no debería sujetarse a otro criterio sino al de hacer el mejor proyecto de ley que sea posible con la reflexión y tiempo que sea requerido.

El que el país se mueva para adelante o en círculos depende de muchos otros factores.

En México no se cumple la ley de forma integral, se aplica en dosis y en ello la ciudadanía colaboramos de manera activa. No se acata cuando la autoridad tolera el comercio ambulante que ahoga al comerciante que sí paga impuestos y millones de personas adquieren sus productos. No se obedece cuando hay maestros a los que, sin dar clases, se les paga puntualmente. No hay respeto cuando unos cuantos cierran la vía pública afectando a miles, y no pasa nada. Habría que preguntarle a Kafka a Dalí porque un candidato que de nueva cuenta aspira a un puesto de elección popular declara que en el pasado robo poquito del erario público y lo eligen otra vez.

La sociedad mexicana es compleja y por tanto sus problemas lo son. De cada rubro hay aspectos, técnicos, sociológicos, antropológicos, económicos, internacionales, políticos etc. que hay que considerar. En ocasiones, en el camino de las reformas se organizan foros, seminarios y se piden opiniones técnicas; igualmente se observa la técnica jurídica la mayoría de las veces; pero una constante ha sido que los aspectos de carácter político y electoral predominan.

Esto causa que las reformas de origen pudieran ser insuficientes. Si el primer paso no está bien fundado será imposible que los demás lo estén. Se complica la situación si la autoridad no admite la necesidad de ratificar y la reforma lejos de servir a su propia esencia, se usa como estandarte político o de logros de un gobierno.

La desconfianza en las instituciones y entre las personas también obstaculiza la implementación y optimización de mejores acciones que pudieran contemplarse en la ley o sus reformas. El grado de desconfianza en las instituciones públicas y sus acciones por parte de la ciudadanía, sustentado o no, hace que se parta no de terreno neutro sino negativo. Si a eso sumamos que en general tampoco confiamos en el compañero de trabajo, en el que está en la calle, o simplemente nos quiere ayudar, el camino se vuelve pedregoso.

No hay que olvidar que grandes sectores de población son y se sienten ajenos a las reformas. Es imposible que faltando por resolver la comida que sigue, el techo, la seguridad, el empleo, la salud, el hijo que consume drogas, la economía, estas personas se preocupen por un internet libre o la banda ancha.

La razón del Estado es que quienes lo formamos colaboremos con la consecución del bien común. En la democracia la razón de ser de un legislativo es que nos represente a los ciudadanos y nuestros intereses. Su tarea principal es la elaboración de las leyes como medio para lograr el bien de todos.

Las reformas no han movido a México. De igual manera es muy pronto para evaluar si son buenas o no. Merecen su oportunidad.

El México que yo veo tiene niños, ancianos, pobres, ricos, clase media, gente que lucha desde su empresa, servidores públicos, mujeres, hombres, mil desafíos y necesidades. Pongo mi esperanza y el corazón de que ese sea el México al que se refiere el Presidente.

Agradezco muy cumplidamente la colaboración de la Señorita Emma Luz Calderón Domínguez.

¡Hasta la Próxima!

Twitter @jaime63c

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.