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La salud, una signatura pendiente

El movimiento “yo soy 17” se inicia con motivo de la detención de 16 médicos del CMN de occidente dependiente del IMSS que intervinieron en el tratamiento de Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, en 2009.

Roberto ingresó al centro hospitalario por síntomas de crisis asmática que primeramente habían considerado influenza A-H1N1. En el proceso para curarlo le hicieron diversos estudios e intervenciones. Lamentablemente, el menor de 15 años murió.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), analizó el caso y determinó “que la defunción del paciente no se debió a mala praxis, sino a la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por hipoxia grave, choque y paro cardiorrespiratorio, con repercusiones sistémicas y múltiples procesos infecciosos que, pese al correcto manejo, lo llevaron a la falla orgánica múltiple”, es decir no hubo negligencia en el tratamiento.

Más adelante Sergio Gallardo, padre de Roberto, contrató los servicios de un especialista en medicina forense y criminología, quien al llevar a cabo los estudios y pruebas correspondientes a su materia concluyó y acusó de negligencia e impericia médica a las personas que intervinieron en el tratamiento del menor.

Entonces el Sr. Gallardo, solicitó se practicara autopsia externa y el Servicio Médico Forense (Semefo) concluyó como causa de muerte el daño orgánico sistémico compatible con tuberculosis intestinal.

Derivado de lo anterior, el padre del menor actuó en contra de los médicos que intervinieron en el caso. Las dos primeras instancias en Tribunales negarón la expedición de órdenes de aprehensión que solicitó el Ministerio Público Federal en contra de los médicos que intervinieron.

En un tercer intento y bajo el criterio del derecho a la salud del menor, el juez ordenó que se giraran órdenes de aprehensión, sin embargo estas no se ejecutarón.

Por último el señor presentó un amparo y la autoridad jurisdiccional consideró que las pruebas eran suficientes para acreditar la presunta responsabilidad a dieciséis médicos por comisión de los delitos de negligencia y homicidio.

La negligencia médica es una acusación muy difícil de probar, porque muchas de las reacciones de un paciente frente una enfermedad y ante los tratamientos médicos de salud realizados para curarla dependen mucho del estado físico y anímico de cada persona.

El tema preocupante es que a esos médicos se les impute el delito de homicidio. Ningún médico atiende a un paciente con la intención de causarle un daño sino con el objeto de sanarlo, curarlo y atenderlo. En estos casos no existe una conducta dolosa.

Los médicos en general, ya no solo del Movimiento "Yo soy 17", se cuestionan y con razón el porqué un médico profesional debe ser sometido a juicio criminal cuando los resultados de sus esfuerzos y acciones médicas no salieron de la manera deseada. El movimiento está luchando porque cuando se juzgue se haga tomando en cuenta las condiciones en las que un médico desarrolla su práctica profesional y los elementos con los que cuenta como la infraestructura, tecnología y condiciones laborales, que la mayoría de las veces son infrahumanas.

Cabe señalar que la Carta de los Derechos Generales de las y los Médicos estipula los principios básicos en los cuales se sustenta la práctica médica con libertad en su ejercicio profesional y son los siguientes:

· Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza.

· Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica profesional.

· Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional.

· Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica.

· Recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo profesional.

· Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional.

· Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión.

· Asociarse para promover sus intereses profesionales.

· Salvaguardar su prestigio profesional.

· Percibir remuneración por los servicios prestados.

La dualidad del sistema de salud en el país pone en evidencia las peores desigualdades. Las diferencias de recursos entre el sector público y el privado es un espejo de la situación de pobreza que corroe a nuestra sociedad.

El problema de fondo no son los médicos que atienden. Gran parte de ellos atienden en ambos sectores. En el sector público hay carencia de recursos materiales y humanos. Existen grandes rezagos y los médicos desarrollan sus funciones luchando por la salud en condiciones precarias, falta de medicamentos, instrumentos en mal estado, demanda excesiva y poco personal médico, entre otros. Estos elementos son determinantes en el detrimento de la prestación de sus servicios.

El sector público de salud del país está enfermo, y de no hacer nada fallecerá en los próximos años.
El Estado no ha sido capaz de curarlo, convirtiendo a miles en víctimas de las peores circunstancias que hacen peligrar la integridad de la vida del médico y del paciente.

El caso de Roberto es muy lamentable desde cualquier ángulo del que se vea. Diario hay Robertos a los que se les dan malas atenciones, mujeres cuyos partos se dan en los pasillos o jardines, insultos a médicos y enfermeras, desabasto de material quirurgico, medicinas, frecuentemente los pacientes tienen que ir a comprar su propio material etc. La responsabilidad es de los gobiernos, es un derecho humano y como tal les corresponde su salvaguarda.

Los pacientes tenemos derecho a la salud y los médicos a un trato digno y a no ser tratados como delincuentes.

Pudiéramos estar unidos por esta causa. Recordemos que la razón misma del Estado es la consecución del bien común, que comprende el derecho a una vida saludable, incluido la atención médica integral.

¡Hasta la próxima!.

Twitter @jaime63c

Jaime Calderón Gómez
Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; con los grados de Maestría en Derecho Constitucional y Doctorado en derecho, con la Tesis titulada "La Protección de la vida privada y de los Datos Personales ante el Desarrollo de Internet, Un Desafío Normativo", ambos por la Universidad Marista.

Participo en el 4° Seminario Internacional Transparencia en las políticas económicas y sociales. INFODF y en el Tercer Congreso Internacional de Estudios Electorales, en la Universidad de Salamanca España.

Ha realizado los siguientes cursos y diplomados: Curso a distancia "El Derecho a la Protección de Datos Personales". Acreditado y validado por la Agencia Española de Datos Personales, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET); "Curso de Derechos Humanos". Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José Costa Rica; “Curso de preceptoria para el Ejercicio de la Función Notarial”, organizado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal; Diplomado en Derecho Notarial, Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Nacional del Notariado Mexicano y Diplomado en “Contratos”, Universidad Iberoamericana.

Catedrático en diversas universidades desde 1990, entre las que se encuentran: la Iberoamericana, Tecnológica de México, Anáhuac del Sur, Panamericana, La Salle, Latinoamericana, en las cuales ha impartido las cátedras de Derecho Notarial, Sistema Político Mexicano, Garantías individuales y Sociales, Sistema Jurídico Contemporáneo y Derechos Humanos, entre otras. A la fecha es docente en la Universidad Marista, donde imparte la cátedra de Derechos Humanos y forma parte del Claustro de Doctores, asesorando a los doctorantes en sus respectivos proyectos de investigación.

Ha participado en la Revista Jurídica RESPONSA con la elaboración de los artículos "El caso del señor Alfonso Martin del Campo Dodd. Un asunto que no debemos olvidar" y "Los instrumentos complementarios para la Protección de los Derechos Humanos".

Colaboro en las Notarias Públicas No. 5 y 168 del Distrito Federal. En 1999 en la creación del Instituto Electoral del Distrito Federal ( IEDF), se incorporo al mismo, como asesor de Consejero Electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde además de llevar a cabo labores jurídicas, desempeñó el cargo de Secretario Técnico de la Comisión de Evaluación de las Unidades de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a los Órganos Desconcentrados y Documentación y Secretario en funciones de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Igualmente se desempeñó como Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, (2001-2006), en dicha Dirección tuvo a su cargo las entonces direcciones de Orientación, de Recepción, Registro y Seguimiento de Quejas y las Unidades Desconcentradas, entre las que destacan las labores de atención a las y los ciudadanos las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año y la recepción y registro de las quejas.

Además con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia local en el año de 2003, tuvo a su cargo la atención de las solicitudes de información pública, la actualización del portal de transparencia, la capacitación de los servidores públicos y fue Consejero representante de dicha Comisión ante el entonces Consejo de Información Pública del Distrito Federal (CONSI), fungiendo además como integrante de la Comisión de Resoluciones y Recomendaciones, en la que se revisaban los proyectos de recursos de revisión y de elaboración de normatividad de dicho Consejo.

Actualmente se desempeña como titular de la Coordinación de Transparencia y Archivos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en donde supervisa el funcionamiento de la Oficina de Información Pública, en cuanto a la atención de las solicitudes de información pública, la clasificación de la información, y la salvaguarda y protección de los datos personales, y del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; asimismo, ha sido Secretario del Comité de Transparencia, coadyuvante en la capacitación de los servidores públicos en dichas materias y el cumplimiento de la publicidad de la información pública de oficio. En los años 2011 y 2012 derivado de la evaluación que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realiza a todos los entes públicos del Distrito Federal, el Tribunal Electoral ha obtenido los primeros lugares en Prácticas de Transparencia y Protección de Datos Personales.