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Porto Alegre II

¿Por qué en Porto Alegre surge el Presupuesto Participativo? En la primera parte señalamos que en 1989, Porto Alegre estaba rodeado de favelas, es decir, asentamientos irregulares que crecen en los alrededores o dentro de las grandes ciudades de Brasil. En esta colaboración explicamos cuales son las condiciones que propiciaron su implementación.

El surgimiento del Partido de los Trabajadores a partir de la confluencia de luchas sindicales en el corazón de la industria automovilística de São Paulo a fines de los años setenta, la emergencia de las comunidades eclesiales de base que actuaban en las periferias de las grandes ciudades y en el campo (sector progresista de la Iglesia católica) y la integración de grupos de izquierda salidos de la clandestinidad de los tiempos de la dictadura militar explican en parte el nivel de participación social alcanzado en Brasil.

La transición hacia la democracia en Brasil fue el resultado de un proceso largo y gradual. La permanencia de la dictadura militar durante tantos años educó a los movimientos sociales en la lucha micropolítica. Puestos de salud, escuelas públicas, clubes de madres, grupos religiosos, culturales o deportivos, asociaciones de barrio y centros comunitarios se convirtieron en espacios estratégicos de resistencia política en las grandes ciudades brasileñas. Campañas contra la pobreza y demandas de infraestructuras básicas en las zonas favelizadas se articularon en el discurso oposicionista de rescate de la ciudadanía y defensa de espacios de participación.

El Partido de los Trabajadores al llegar al poder, con una minoría en la cámara de representantes municipales y una crisis fiscal heredada de la administración anterior (1986-1988), no sólo necesitaba una base popular sólida para hacer frente a posibles resistencias a una reforma fiscal por el lado de la ampliación del ingreso de impuestos locales, sino que el propio proyecto de gobierno preveía el establecimiento de mecanismos de justicia social.

De ahí surge la idea de un presupuesto participativo que integra actores gubernamentales, sujetos populares y/o pequeños productores y comerciantes en espacios de lucha contra la pobreza, la garantía de acceso a la tenencia de la tierra y la solución de carencias básicas de infraestructura (vivienda, agua, electricidad, alcantarillado, colecta de residuos, transporte público, salud, educación). Es decir, la participación como herramienta de inclusión social y reducción de las desigualdades.

La singularidad del presupuesto participativo residía en la apertura de espacio para la participación directa con poder deliberativo. No se trataba de un golpe a los movimientos sociales organizados, ni mucho menos una estrategia de lanzar a una comunidad contra la otra en la disputa por recursos escasos. Muy al contrario, se trataba de establecer una dinámica de movilización social que apostaba por la movilización efectiva de la población como estrategia de disputa de más recursos presupuestarios para las necesidades de las clases populares, barriendo con la representación meramente formal de muchas entidades fantasma que venían de la época de la dictadura militar.

En lugar de pelear entre sí por intereses particulares, los participantes del presupuesto participativo tuvieron la oportunidad de desarrollar ellos mismos los parámetros públicos para procesar las demandas más sentidas que traían de su realidad vivida. La propia metodología de priorización y jerarquización de obras y servicios que se debían realizar partía del reconocimiento de los conflictos como condición para su procesamiento político y su conversión en un plan de inversiones.

El funcionamiento del presupuesto participativo en Porto Alegre es relativamente sencillo. Se trata de un conjunto de reuniones –preparatorias, decisorias, de supervisión– que se celebran tanto a escala regional y temática como a escala de consejo con cobertura municipal y representación de los niveles anteriores. La participación es universal en las reuniones decisorias de base, donde se establecen las prioridades para las áreas de inversión, se escogen los consejeros y se define el número de delegados (uno por cada diez personas presentes).

En las reuniones posteriores con los delegados regionales y temáticos, se definen las propuestas concretas de inversión dentro de las áreas que se han considerado prioritarias. El resultado final de lo que integrará el Plan de inversiones del municipio saldrá del cruce entre prioridades, criterios técnicos (viabilidad) y criterios de justicia social (grado de carencia, tamaño de la población).

El mandato de los consejeros es imperativo, y puede ser revocado por la base regional o temática en cualquier momento. Las reglas son decididas por los propios participantes, en un proceso en que participa el gobierno, pero sin derecho a voto. El gobierno presenta todo el presupuesto municipal para su discusión, y no sólo las inversiones. El Plan de inversiones que se acuerda finalmente, tras la aprobación de la Ley presupuestaria anual por parte de los concejales, se publica y se pone a disposición de los participantes en el proceso y los interesados en supervisar su ejecución. El seguimiento de la ejecución también se puede realizar a través de la página de internet del ayuntamiento, aunque en ella no se informa de los valores ejecutados realmente.

Cada una de estas etapas contiene mecanismos que permiten la circulación de información entre los autoridades políticas del gobierno, sus técnicos y profesionales y la ciudadanía.
En la siguiente colaboración abordaremos el aspecto de la implementación y los problemas que han surgido en los últimos años.

Néstor Vargas Solano
Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM). Tiene una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y la Especialización en Derecho Electoral (UNAM). Ha tomado diversos diplomados y seminarios.

Se ha desempeñado como investigador del Instituto Nacional de Administración Pública y como profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana ambos en el periodo 1996-1998; en 1999 ingresó al Instituto Electoral del Distrito Federal como Coordinador Distrital.
El 22 de diciembre de 2005 fue designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Desde 2006 es catedrático honorario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las asignaturas: Sistema Electoral Mexicano, Introducción al Estudio del Derecho y Movimientos Sociales, Actores y Participación Política.

Es coautor de: La participación ciudadana en la reforma política del D. F, Centro de Estudios para la Reforma del Estado, No. 5 y 6, julio-diciembre, México 1998; Los números de propaganda electoral por televisión abierta, Revista Mexicana de Comunicación, No. 50, agosto-septiembre, México 1997.

Entre sus reconocimientos se encuentran:

  • Primer lugar del Servicio Profesional Electoral en la Evaluación Anual Integral 2002 y 2004 del Instituto Electoral del Distrito Federal.
  • Segundo lugar en el “Premio INAP” (1997), con la investigación: La participación de los ciudadanos en las políticas públicas. Apuntes para una democracia participativa en México.

A partir de la fecha en que tomó posesión como Consejero Electoral ha participado en diversas Comisiones y Comités del Consejo General. Actualmente es Presidente de la Comisión de Fiscalización.

Síguelo en Twitter: @nvs_