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¿Jefes delegacionales o jefes policiales?

"El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar"
Sun Tzu

La facultad punitiva (el derecho a vigilar y castigar) es una de las máximas aspiraciones políticas y mediante la cual se ejerce el poder que se pretende legitimar con base en las leyes, más que en el consenso de una cohesión social. Y es ahí, donde el origen del planteamiento se resquebraja.

Gobernar la capital del país, allende del oropel, es una tarea compleja en función de su proporción y dimensión gubernativa, en cuyo ejercicio, la tentación de control seduce hasta a los Jefes Delegacionales.

Siendo el país una República Federal basada en la existencia de una célula denominada Municipio, la naturaleza jurídica del Distrito Federal sigue siendo tema de debates y negociaciones no cristalizadas en aras de su autonomía y de la mezquindad de los intereses que pululan trienio tras trienio, sexenio tras sexenio.

Las delegaciones de la Ciudad de México, pretenden emular a los Municipios, quienes constitucionalmente tienen la facultad de ejercer actos de gobierno en lo tocante a la seguridad pública, pero la concepción de dicho servicio se encuentra hoy tan extraviada como politizada.

Reza el artículo 115 Constitucional, fracción III, inciso h): “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;”.

Por su parte, el invocado precepto 21 de la Carta Federal, en lo que alude al tema, indica: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Como prima facie, debe decirse que la Constitución Política no habla de Jefes Delegacionales. Primera inconstitucionalidad de los contratos cuasiprivados entre delegaciones y policía auxiliar. Segundo, la definición es contradictoria, extensiva e invasiva de las esferas de otras instancias. Una vez que entren en vigor las reformas que cimenten el Sistema Acusatorio Adversarial (juicios orales) podremos ver a autoridades acusando a Jueces de Control de contravenir la Seguridad Pública . . .

La labor de un Jefe Delegacional es política, es de construcción de redes de inclusión social; no la de principados que busquen acciones policiales a modo de sus intereses políticos. Concederles la razón en la contratación ilícita de la fuerza policial, evoca la esquizoide idea sostenida por Foucault de que todo Rey ve en un ciudadano a un pequeño regicida en potencia.

Buscar crear sus propios centros de comando (cámaras, radios, etc) equivale a construir muros berlinescos y aldeizar un territorio complejo, de entramado abrupto y de honda amargura.

Los políticos, deben hacer política. Las policías, deben ser funcionales, no delegacionales.

Gabriel Regino García
Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho con la tesis “La importancia de la dogmática jurídico penal y su aplicación en el delito Contra la Salud”, por la que obtuvo mención especial, en el año de 1992.

En el ámbito del estudio, ha cursado diversos Diplomados en Filosofía, Derecho Penitenciario, Procuración de Justicia, Derechos Humanos, Control Social y Seguridad Pública. Además, estudió la especialización correspondiente a la Carrera Judicial Federal impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ha realizado estudios de especialización en Criminología, en la Universidad de Salamanca, España y cuenta con la especialidad en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

En el ámbito del servicio público, de 1989 a 1994, laboró en el Poder Judicial de la Federación. Del 2002 al 2006, participó en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, habiéndose desempeñado como Director General de Asuntos Internos y como Subsecretario de Seguridad Pública.

En el área académica, es Maestro por Oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde le ha sido otorgada una Cátedra Extraordinaria; profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios y profesor invitado en numerosas Universidades e Institutos del País. Ha dictado conferencias en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse, Francia. Es Profesor titular de Criminología en la Licenciatura y en el Posgrado de la Facultad de Derecho; en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Vicepresidente del Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadana y la Justicia.

Actualmente es titular del Despacho Jurídico REGINO, ABOGADOS, el cual se especializa en temas del orden penal; es comentarista en temas de seguridad y legalidad para diversos medios de comunicación y asesor externo de la Unidad para la Implementación de la Reforma Penal en el Distrito Federal.

Síguelo en Twitter: @gabrielregino