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Existen alrededor de 70 mil menores víctimas de explotación sexual y laboral:TSJDF

Explotación infantil

Alrededor de 30 mil menores - entre los 10 y 14 años - son sometidos a la trata de personas, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, quien mencionó que esta situación se complica porque no existe una homologación en los Estados del país para combatir este delito.

Por la gravedad del asunto, dijo, el número podría ascender a 70 mil menores víctimas de delitos como explotación sexual y laboral, secuestro o esclavitud, debido a las estructuras delincuenciales, su dispersión en el territorio y la enorme capacidad de movilización.

Por ello, exhortó a presidentes de tribunales superiores de justicia y procuradores de todo el país a impulsar modificaciones legislativas para atender ese grave problema, porque solamente en la mitad de las entidades federativas se ha legislado para adecuar el marco jurídico en la materia.

Advirtió que hay casos de entidades en los que sólo se estimó como trata de persona a la explotación sexual; en otros no se consideró la posibilidad de ejecución delictiva para la disposición de órganos y tejidos, y en algunos más no se definió de manera correcta la conducta, como en el caso de la explotación laboral, lo que ha traído consigo equívocos e inaplicación de las leyes penales o una aplicación injusta.

“El conflicto normativo de estas figuras típicas con otras como la de pornografía, pederastia, corrupción de menores o lenocinio, por sólo mencionar algunos aspectos, nos llevó a beneficiar a los delincuentes, a la luz se principios como los de la ley más benigna o indubio pro reo”, expuso.

Tan sólo en el tema de explotación laboral, agregó que 3.6 millones de personas, entre los cinco y los 17 años de edad, son sujetos a esa “forma cruel de servidumbre”.

El magistrado Elías Azar recordó que el país ya cuenta con un marco jurídico adecuado en la materia, con la expedición de la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, e insistió que a las entidades federativas sólo les corresponde ajustar sus marcos normativos.

No se trata, planteó, de emprender nuevas tareas legislativas de orden penal, para evitar una doble regulación que sólo beneficie a los delincuentes.

En el ámbito de los poderes judiciales locales, dijo, otra de las responsabilidades en el tema es la de profundizar en el conocimiento y aplicación de todo el orden normativo nacional e internacional, ya que señaló una común inobservancia de los tratados internacionales.

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