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Exige Barrios fin a represión policiaca hacía ambulantes

La diputada local del PRI y líder del ambulantaje en el Centro Histórico, Alejandra Barrios Richard, aceptó que en lo que va del año el comercio informal en la Ciudad de México ha aumentado 20 por ciento, por lo que exigió al Gobierno capitalino establezca mejores políticas públicas y, sobre todo, “ponga fin a las medidas represivas contra los comerciantes, como hasta el momento se aplica”.

Explicó que las principales motivaciones que se genera para consumir la oferta del comercio en vía pública, “son la necesidad de adquirir productos básicos al menor precio, por lo que la población que accede a este tipo de oferentes está representada por los niveles socioeconómicos medio, medio bajo, bajo y muy bajo”, sostuvo la dirigente que estuvo en prisión por un asesinato.

Al participar en el primer foro para analizar y evaluar un proyecto de Ley, para la Construcción del Marco Normativo del Comercio en la Vía Pública en la Ciudad de México, Barrios Richard recordó que datos recientes de la ONU, establecen que el ambulantaje en México representa el 30 por ciento del PIB y el 60 por ciento de la Población Económicamente Activa; “es decir, es una actividad que refleja un ingreso económico muy importante para nuestro país”, dijo.

Además, pidió a los dirigente del comercio informal que las decisiones y acciones para defender y dignificar esa actividad, debe de ser incluyente y con la experiencia de quien día a día vive la realidad social del esta actividad.

“Cada uno de ustedes sabe y conoce la problemática que se vive en las calles, ante el acoso y la amenaza de múltiples autoridades que se sienten los dueños de los espacios públicos”, reiteró.

Como representante del comercio en vía pública en la ALDF, la priista insitió que se identifica plenamente con todos y cada uno de ellos, con sus ideales, con sus sistemas de trabajo, pero sobre todo con la firme y unánime decisión para que juntos logren consolidar un marco jurídico sobre la actividad que realizan.

La finalidad, aclaró Barrios Richard, es que los trate igual a los demás comerciantes, que brinde protección y acceso a la seguridad social y a los programas sociales, que se respete el derecho a la libre asociación y que se les brinde protección a los agremiados.

Lamentó que la actividad del comercio popular, “no es reconocida y, por el contrario, se le cataloga como un trabajo ilegal y degradante, aun cuando el comercio tiene una tradición histórica en nuestra capital”, denunció.

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