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Derogar el Impuesto Sobre Nómina en la CDMX, para fortalecer la competitividad de las empresas

En recientes fechas, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), logró hacer avanzar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la desindexación del salario mínimo de trámites, multas y otros indicadores.

Ahora también, dicha política pública podría convertirse en una realidad a nivel federal, de confirmarse su aprobación total por parte del Congreso de la Unión. Sin duda, esto representa un primer paso muy relevante para caminar en la ruta del fortalecimiento del poder adquisitivo de todos los mexicanos.

Pero, para lograr que dicho objetivo sea real y perdurable, resulta vital avanzar en políticas públicas que permitan aumentar la productividad, la competitividad y la certeza jurídica de la empresas.

Así nos lo hizo saber el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Dr. Miguel Ángel Mancera, al tomar la propuesta de la COPARMEX DF en el sentido de que aquellas empresas que paguen por encima del salario mínimo, les sean aplicados estímulos de orden fiscal para motivar a que más empresarios busquen la forma de pagar más allá de esta referencia a sus trabajadores.

La realidad es que, las empresas de la Ciudad de México desde hace mucho tiempo han respondido de manera socialmente responsable con los trabajadores de la Capital, pues según el INEGI, el Distrito Federal es la entidad en la que mejores salarios se pagan al día, con un promedio de $403.86 pesos, en comparación con Nuevo León ($319.89 ), Chihuahua ($256.13), Puebla ($262.3) o bien, el Estado de México ($271.93). Sin duda, las empresas asentadas en el DF hemos sido capaces de sobrevivir y ser muy competitivas a pesar de los entornos de informalidad y corrupción con las que son acechadas.

Por tanto, en la COPARMEX DF creemos que ha llegado el momento de generar políticas públicas que de verdad impacten en el desarrollo económico de la Ciudad de México.

Es necesario que el GDF y la ALDF demuestren su compromiso con la competitividad de la Ciudad, desapareciendo de manera gradual el impuesto más injusto y absurdo del que son sujeto las empresas: el Impuesto Sobre Nóminas(ISN), es decir, el impuesto a la creación de empleos.

Tan sólo de enero a septiembre de 2014, la recaudación por el Impuesto sobre Nóminas ascendió a $13,433.0 millones de pesos (mdp), (43.1% de los Ingresos Tributarios), superando por $1,782.9 mdp lo calendarizado por la Ley de Ingresos del 2014, es decir, 15.3% más que la meta programada. Además, dicho monto representó un crecimiento real de 24.6% con relación al mismo periodo del año previo.

En COPARMEX Ciudad de México proponemos una reducción gradual anual del 0.5% en el pago del impuesto sobre nóminas, la cual podría suponer que el GDF tuviera en promedio $2,500 mdp menos de recaudación al año. Esta reducción podría tener un efecto multiplicador de empleos de entre 1 a 2 nuevos empleos por micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, en momentos de preocupación económica, resulta muy importante identificar el compromiso del Gobierno de la Ciudad y de la ALDF con la austeridad para reordenar presupuestos, gastar mejor en favor del fortalecimiento del desarrollo económico del Distrito Federal y eliminar dispendios que abonan a la opacidad.

Por ejemplo, los presupuestos que tendrán a su disposición para ejercer durante 2015 la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno y la de Medio Ambiente del Distrito Federal, en conjunto superarán los 6 mil millones de pesos. Resulta lógico preguntar, siendo en su mayoría éstas dependencias áreas operativas del GDF ¿en qué o para qué utilizarán tantos recursos a su disposición?

Por su parte, la ALDF tendrá a su disposición, poco más de 2 mil millones de pesos, de los cuales los diputados se etiquetaron más de 600 millones de pesos para cubrir diversas prerrogativas de sus respectivas bancadas, así como el financiamiento para sus módulos de atención ciudadana y “otros gastos” como apoyos y “ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro” los cuales no tienen reglas de operación o sistemas de rendición de cuentas sobre para qué o en quiénes gastarán ese dinero en un año eminentemente electoral.

Aunado a esto, hay que contemplar que la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, quien debería ser el área de contraloría y vigilancia para identificar y sancionar cualquier posible dispendio y opacidad, ejercerá recursos cercanos a los 400 millones de pesos.

Entonces el señalamiento es justo: a las empresas y a los trabajadores se nos genera una carga fiscal muy costosa y pesada para trabajar, emprender y ser competitivos. Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Capital deberían “amarrarse el cinturón” y mostrar sensibilidad social ante el momento difícil y de preocupación económica vigente, para comenzar a generar acciones de austeridad y promover políticas públicas que generen desarrollo económico desde las bases de la justicia. Eliminar el ISN sería un gran primer paso.

Muchos mexicanos, especialmente los ciudadanos capitalinos, nos encontramos exigiendo, en las calles, en las redes sociales o en cualquier espacio de opinión pública o privada, que nuestros gobiernos actúen con visión de Estado y logren hacer más con menos burocracia, que sean más transparentes, rindan más cuentas y demuestren que son intolerantes ante la corrupción, y que son capaces de destinar y programar adecuadamente los muchos recursos con los que se cuentan en el erario público (construido con el trabajo de todos los mexicanos) a programas y proyectos que de verdad permitan avanzar en una ruta de prosperidad equitativa para todos.

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