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Continúan las protestas contra bicis y scooters

Alrededor de 60 vecinos de 17 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, por enésima ocasión, exigieron suspender el servicio de bicicletas y monopatines sin anclajes (scooters) que circulan por la Ciudad de México, y advirtieron que continuarán sus protestas hasta que sean recibidos por el Gobierno capitalino, al que lanzaron un ultimátum para que les otorgue derecho de audiencia, a más tardar, para el próximo sábado.

En esta ocasión, realizaron la enésima manifestación, aunque ahora fue en las puertas de la sede de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicadas en Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, para exigir al titular de esta dependencia, Andrés Lajous Loaeza, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, “detener este nuevo tipo de comercio ambulante”.

Mientras realizaban la dramatización de un ciclista atropellado por estos sistemas de transporte, sus dirigentes exigieron frenar a “esta plaga naranja de bicicletas sin estacionamiento, que en tan sólo nueve meses ha acumulado ganancias para la empresa Mobike por 60 millones de pesos, invadiendo banquetas, pasos peatonales, rampas para personas en sillas de rueda, parques y camellones”, denunciaron.

En conferencia, Rafael Guarneros Saldaña, fundador del Comité Fundacional Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo, reprochó que para Lajous Loaeza, “los peatones, las familias y los grupos vulnerables son invisibles para sus ojos”, pues la nueva regulación se reunió con empresarios de estos sistemas sin anclaje, así como organizaciones de ciclistas.

“Desde el año pasado estamos en resistencia civil. Estos sistemas han invadido nuestros parques y camellones, porque no hay autoridad que los sancione. Exigimos a Claudia Sheinbaum y Andrés Lajous detener el servicio y evitar dar permisos renovables hasta que no tenga reunión con vecinos”, destacó el líder vecinal.

Para ello, destacó que es necesario que la primera regla sea no transitar por banquetas, puesto que ponen en riesgo la integridad física de los peatones, principalmente, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, los vehículos no deben circular en sentido contrario a la calle, buscar un lugar designado para estacionarse o violentar el Reglamento de Tránsito.

Afirmó que el pago por aprovechamiento del espacio público, las empresas deben pagar 80 por ciento de sus ganancias para mejorar la estructura vial de las calles donde operan.

Por su parte, Susana Kanahuati, de Suma Urbana y coordinadora del Comité Vecinal de San Ángel, exigió que las autoridades deben consultar a los colonos sobre la permanencia de estos sistemas en la ciudad.

De allí que, advirtió, continuarán ejerciendo presión sobre este tema de movilidad, a través de redes sociales con los hashtags: #Respetoalpeatón, #NoalBarrerismo, #Enlas banquetasno y #Sinlosvecinosnada.

Posteriormente, dieron a conocer su pliego petitorio. Como primer punto, exigen al titular de la Semovi que no entregue ningún Permiso Temporal Revocable (Patr), hasta que las autoridades no hablen con los vecinos, “porque en nuestras colonias se ha impuesto un programa piloto de manera arbitraria. Somos los más perjudicados y tenemos mucho que opinar sobre el mal funcionamiento del programa”, comentaron.

Asimismo, demandaron que no permitan el uso de las banquetas, ni de los pasos peatonales, ni de los camellones, para darles bases, y que incluyan sanciones cívicas a los usuarios que violenten el derecho de los peatones.

Además, pidieron que las empresas que están haciendo negocio usufructuando el uso de la vía pública paguen derechos, “quieren estacionamiento, que lo paguen, y que lo paguen en función de sus ganancias; es impresionante saber que están ingresando a la empresa Mobike 15 millones de pesos mensuales”, denunció Guarneros Saldaña.

Aclaró que este dato lo obtuvieron por Rene Ojeda, uno de los dirigentes de esa empresa en la ciudad, quien ha planteado que actualmente tienen 200 mil personas que han subido a la aplicación, aunque su meta es alcanzar los 400 mil y llegar a un millón de usuarios, “lo que haría inviable la calle para los peatones y vecinos”, añadió.

Recordó que para que una persona pueda suscribirse a esa aplicación, tiene que hacer un depósito de 299 pesos, por lo que sus ganancias han acumulado 60 millones de pesos en sólo nueve meses que llevan operando de manera irregular.

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