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CDHDF pide sancionar a autoridades que no aceptan sus recomendaciones

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, llamó a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) reformar su Ley Interna, para fincar responsabilidad a toda aquella autoridad que no acepte las recomendaciones de ese organismo o bien que las acepten parcialmente.

Como ejemplo, citó la recomendación que emitió por construcciones irregulares y que no ha sido aceptada por las delegaciones Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Tlalpan, sin considerar el daño realizan esas obras en prejuicio de los vecinos y del medio ambiente.

Destacó la importancia de dicha recomendación, al señalar que es la primera, en los 21 años de existencia de la comisión, que se hace por construcciones irregulares, y que afectan a los habitantes de la ciudad de México.

Sostuvo que si dan vista a la ALDF, “no hay una ruta clara de qué tiene que hacer la autoridad, lo que nos afecta porque finalmente la no aceptación, es una violación que se hace prolongar en materia de derechos humanos”, dijo.

Por ello, urgió a la ALDF a que reforme la ley en la materia, para definir cuáles son las consecuencias que debe tener una autoridad cuando no acepta una recomendación, “por lo que ante tal situación hace falta un reforzamiento de la normatividad”, reiteró.

Gómez Gallardo también indicó que este viernes venció el plazo para que las secretarías de Seguridad y de Gobierno, la Procuraduría capitalina y el Tribunal Superior de Justicia aceptaran la recomendación sobre varios casos de tortura, y que confía en que cumplan cada punto recomendatorio.

Además, informó que en breve entregará al jefe de Gobierno capitalino una propuesta general contra la tortura, “para articular de manera institucional, por primera vez en el país, el ataque y erradicación” de esa práctica, y que a las víctimas se les repare el daño como corresponde.

Sin embargo, la CDHDF reconoció que el delito de tortura sigue siendo desdeñado por la Procuraduría capitalina, la SSP-DF, Reclusorios y demás autoridades que lo comenten, por lo que prevalece la impunidad, al grado que de enero de 2007 a octubre de 2011 –último reporte que se tiene--, la PGJDF inició 75 averiguaciones previas por el delito de tortura, sin que se haya efectuado una sola consignación sobre las mismas.

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