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Fuero militar a escrutinio

Bajo lupa se ha puesto el actuar del Ejército mexicano, desde los frentes jurídico y social. Los militares, que han funcionado como medio de contención contra el crimen organizado, son amonestados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que autorizó los cambios al fuero militar para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en algún delito donde se involucre a un civil sean juzgados penalmente por tribunales ordinarios.

A casi 6 años de haberlos sacado de los cuarteles para combatir al crimen organizado en todo el país, sin una estrategia clara y fuerzas policiales federales y locales capaces, en un escenario donde el tejido social está cooptado por los delincuentes, hoy se cuestiona con severidad su desempeño, que paradójicamente goza de reconocimiento entre la población. Su nivel de aceptación es superior al 80%. Y aunque el ciudadano de a pie no conoce a fondo el funcionamiento y forma de operar de la milicia, su presencia y ejercicio ha logrado atemperar la violencia. Si no, que le pregunten a estados como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y recientemente Jalisco.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío discrepa de esta opinión y considera que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública va en contra de los ordenamientos constitucionales. “No encuentro una situación en la que hayamos declarado la guerra, en la que hayamos suspendido garantías o se haya hecho esta declaración expresa del Ejecutivo mexicano; entiendo que no puede disponerse de las Fuerzas Armadas más allá de los espacios físicos a los que se refiere el artículo 129 constitucional…”. Parece olvidar que el presidente Felipe Calderón los mandó a su guerra, que suma más de 60 mil muertos.

No cuestiono la aplicación de la ley, ni la presencia de los organismos que procuran y defienden los derechos humanos, sino los fallos judiciales y la manera en que actúan algunas de las ONG, que van más allá de una conducta legal y pareciera que se conducen por intereses políticos o mercantiles para medir fuerzas en el control del poder y obtener subsidios que les permitan su permanencia en el ámbito nacional e internacional. No miden el impacto que sus decisiones provocan entre los militares que acuden a brindar ayuda o deben ejecutar acciones preventivas y correctivas, en escenarios como el de Huitzilac y Jalisco el pasado fin de semana.

El fuero militar no es una prebenda entregada a las Fuerzas Armadas para que se conduzcan con impunidad o juzguen con privilegios a sus elementos involucrados en algún delito. Es un elemento único, de su particular modo de vida, inaccesible para los civiles, el cual se sustenta en la disciplina, indispensable para su existencia y que garantiza el respeto a la soberanía nacional, al orden interno y a nuestras instituciones. Quienes laboran en la Sedena, la Fuerza Aérea y la Marina afirman: “nos conducimos con valores en beneficio de la colectividad”.

El giro que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este derecho de los militares pone en la mesa de análisis varios puntos: ¿Deben regresar a los cuarteles? ¿Está preparada la justicia civil para llevar estos casos? ¿El Congreso debe modificar los marcos penales y aprobar la Ley de Seguridad Nacional? Para nadie es desconocido que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es una asignatura pendiente y que deja mucho que desear. Su nivel de efectividad apenas si llega al 2%, y de los criterios con los que se aplica, donde imperan la corrupción y la burocracia, mejor ni hablar.

Una de las características del derecho penal militar consiste en que es ejemplificativo, es decir, el sujeto que comete un delito es sancionado de manera pública y severa, con la finalidad de que la comunidad militar tenga presente el castigo. Su nivel de efectividad es del 97% en la imposición de penas a sus elementos que resulten responsables.

Existe preocupación entre los elementos de las Fuerzas Armadas por los criterios interpretativos que se aplican para tipificar los delitos y determinar dónde se juzgarán. Ante la falta de un marco regulatorio y legal, inquieta que su accionar se malinterprete y se considere delito. Lo cual impactaría severamente a sus normas disciplinarias y estatutarias en una institución que, como hemos dicho, se rige por el orden y la disciplina. Además, habrá que agregar que muchos de los jueces ignoran la integración y operación básica del Ejército, la Fuerza Aérea o la Marina Armada.

Está claro que cuando elementos de las Fuerzas Armadas lesionen los derechos humanos de un civil deben ser juzgados en tribunales ordinarios. Sin embargo, se debe legislar en el Congreso para que se expidan leyes claras y precisas que brinden certidumbre a las víctimas y a los inculpados. Existen vacíos legales que deben llenarse para reglamentar su ejercicio. El general Guillermo Galván ha solicitado al Congreso que apruebe la Ley de Seguridad Nacional para que garantice y establezca con claridad las formas y condiciones en que deben participar y que les daría amparo y estabilidad jurídica. Pero los irresponsables diputados y senadores salientes la dejaron en la “congeladora”. Además de que incluye conceptos equivocados que violan los mecanismos de mando y control y su capacidad de reacción y operación. De tal forma que su incompetencia obliga a que de momento y hasta quién sabe cuándo todo termine en la máxima instancia jurídica del país: la Suprema Corte.

Como lo demuestran los porcentajes de efectividad, el problema no está en el retiro o permanencia del fuero militar, sino en el deficiente sistema de procuración e impartición de justicia civil. La estructura y operación de los juzgados civiles son tan vulnerables y corruptibles que difícilmente se puede garantizar un juicio justo que sancione las conductas delictivas de civiles o militares. La Procuraduría General de la República debe cumplir con su trabajo y mejorar sus procesos de investigación e integración de averiguaciones previas apegadas al derecho, no al interés político o económico.

El gran desafío es la administración de la justicia. Sólo una práctica correcta apegada a la ley en la realización de juicios justos, exentos de conductas corruptas, podrá establecer la diferencia y restaurar la confianza de los ciudadanos en el actuar del Estado como responsable de las garantías individuales de sus gobernados, en el uso de la fuerza pública y sus métodos de sanción contra quienes violenten el orden, trátese de quien se trate: militar, policía, político o civil.

Vericuentos:

Júbilo panista

Entre los senadores del PAN hay motivos de alegría. Alonso Lujambio se encuentra mejor de salud y viajó de Arkansas a México. Se prevé que este martes acuda a registrarse como senador electo y el próximo miércoles 29 acuda a la sesión de instalación de la nueva legislatura.

gomora@cronica.com.mx

Guillermina Gómora Ordóñez, Licenciada en Periodismo por la UNAM.

Soy una apasionada de mi profesión, que me permite tener una butaca de primera fila en la historia. Actualmente me desempeño como Subdirectora de La Crónica de Hoy.

He trabajado como Jefa de Información y Productora de diversos noticiarios con profesionales de la comunicación como José Cárdenas, Pedro Ferriz de Con, José Gutiérrez Vivo, Manuel Mejido entre otros destacados colegas que me han brindado su confianza, en diversos medios como Grupo Fórmula, Grupo Imagen, MVS Noticias, Televisa, T.V. Azteca y Canal 40.

En medios impresos inicie como columnista en el extinto Periódico El Nacional, en la Sección de Economía, bajo la batuta del alebrije, José Yuste, hasta el cierre del diario “Agenda Ejecutiva”, reportaba y analizaba las incidencias de los sectores empresarial, bursátil y económico.

Hoy a través de Caleidoscopio comparto la tribuna con mis lectores para llevar el registro de un nuevo México, al que nos debemos desde la trinchera donde estemos. Nos merecemos una mejor calidad de vida y esta en nuestras manos conseguirla.

¡Ah! Fiel seguidora de los Pumas. El futbol, la lectura y el cine son mis entretenimientos favoritos