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Aprueban propuesta del PAN para certificar centros contra adicciones

Para acabar con la proliferación de “granjas”, disfrazadas de Centros de Rehabilitación contra las Adicciones, donde es común fraudes, abusos físicos y psicológicos, así como explotación laboral y sexual de los adictos y sus familiares, es necesario que el Gobierno capitalino investigue y, en su caso, certifique estas asociaciones civiles.

Por ello, esta mañana el Pleno de la ALDF aprobó por mayoría la propuesta de la diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, quien no daba crédito a que, por fin, una de sus propuestas fuera avalada por la mayoría de los legisladores de izquierda, quienes tienen por costumbre rechazar toda sugerencia de los partidos de oposición.

Ante ello, dijo, los legisladores locales exhortaron a la Secretaría de Salud del DF, la Comisión de Derechos Humanos y al Centro de Certificación y Verificación del Instituto de Atención y Prevención de Adicciones, a nivel local y federal, certificar aquellos centros encargados de tratar adictos y evitar fraudes hacia los enfermos o sus familiares.

En tribuna, la también presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF señaló que en los últimos años ha aumentado el número de centros clandestinos bajo el amparo de que también el número de adictos ha incrementado.

“En la mayoría de los casos, las familias firman un supuesto acuerdo de conformidad para ingresar al adicto, pero es ilegal. Las familias, desesperadas, recurren a centros de reclusión para el tratamiento de adicciones que ofrecen la rehabilitación del familiar, pero cuyo método es abiertamente denigrante”, dijo Garza de los Santos.

Por ello, insistió, es importante que se sepa que en la Ciudad de México sólo se cuenta con cuatro instituciones públicas que pueden atender adicciones: dos hospitales toxicológicos dependientes de la Secretaría de Salud capitalina y dos centros residenciales para el tratamiento de adicciones”, explicó.

Subrayó que la problemática se centra en que al haber pocos centros profesionales de atención para este grupo de personas, proliferan los centros clandestinos, quienes no cuentan con lo mínimo necesario para lograr una verdadera rehabilitación.

“Las personas que son ingresadas a estos lugares, algunas veces lo hacen voluntariamente pero, en la mayoría de los casos, lo hacen contra su voluntad. Una vez en las granjas, los internos son sometidos a insultos, golpes y malos tratos, en condiciones de hacinamiento, falta de higiene, latencia de enfermedades contagiosas, promiscuidad y, a veces, hasta explotación laboral y sexual”, alertó.

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