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Abandona el penal de Santa Martha Graciela Coronel Barrios

Liberan a Graciela Coronel Barrios

Graciela Coronel Barrios, hija de la dirigente de vendedores ambulantes, Alejandra Barrios, abandonó el penal femenil de Santa Martha, luego de que la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino revocó el auto de formal prisión en su contra por falta de elementos en el delito de sabotaje en pandilla que el fincó el Ministerio Público.

El sistema penitenciario registró la salida alrededor de las 18:50 horas, después de permanecer dos meses en prisión, cuando fue detenida el pasado 12 de junio.

Ante el recursos de apelación que interpuso la defensa de la mujer, los jueces de la Cuarta Sala Penal consideraron que no había elementos pertinentes para configurara los cargos que le imputaba la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por lo delitos de sabotaje en pandilla, bajo la hipótesis de interrupción de un servicio público, lesiones, ataques a la paz pública, resistencia de particulares y daños en propiedad ajena.

Esta determinación se aplicó para otras siete personas que quedaron en libertad, mientras que otras 14 personas, en su mayoría hombres quedaron internados en el Reclusorio Oriente, principalmente el grupo de cubanos que encabezaban el grupo de choque contra los policías, como lo mencionó en su momento la autoridad capitalina.

El pasado 20 de junio, el Juez 51 Penal con sede en el Reclusorio Oriente dictó el auto de formal prisión para 25 vendedores ambulantes detenidos el día de los hechos que se enfrentaron con policías en el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre ellos Graciela Coronel, por ello, se espera que el resto de los inculpados también alcancen su libertad bajo este antecedente judicial.

A excepción de aquellos que fueron plenamente identificados por los afectados y por los videos de las cámaras de seguridad de la SSP-DF.

Cabe destacar que el Artículo 363 del Código Penal para el Distrito Federal, el delito de sabotaje prevé el trastorno de la vida económica, política, social o cultural o para alterar la capacidad de las autoridades para asegurar el orden público, y sanciona con penas de cinco a 15 años de cárcel.

Como se recordará el Ministerio Público consignó a los 22 “toreros” por el delito de sabotaje en pandilla delito grave sin derecho a fianza, bajo las hipótesis de interrupción de un servicio público, en éste caso el trasporte del trolebús, lesiones, ataques a la paz pública, resistencia de particulares y daños en propiedad ajena.

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